POLÍTICO-ECONÓMICO

Renta básica: una política y 5 claves para dar un paso intermedio.

Por María Eugenia Sconfienza para Criterios. La autora es doctora en Ciencias Sociales,  investigadora de Conicet y Presidente de la Fundación Cultura de Trabajo.

La pandemia resulta ser, además de una inesperada catástrofe, una gran aleccionadora al visibilizar juntas y vigorosamente algunas de las principales problemáticas crónicas que agobian a la sociedad como la informalidad, la inflación y la baja productividad, todas convergentes en la pobreza. Es así que los obstáculos con los que la sociedad se enfrenta desde que la pandemia invadió la cotidianeidad, no hacen más que poner en evidencia las demandas más urgentes de la Argentina y llamar a repensar el esquema de protección social vigente.
Para contrarrestar el recrudecimiento de estas deudas que acarrea la sociedad argentina desde hace tiempo, el Estado debió incurrir en la aplicación de medidas de emergencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y, bonos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).
La crisis actual pone en evidencia la necesidad de atender al segmento de actuales beneficiarios del IFE, muchos de los cuales se están haciendo visibles en el incipiente Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) que incluye entre otros trabajadores informales a vendedores ambulantes, feriantes, cartoneros, recicladores y trabajadores de la construcción.
En Argentina, la problemática de la falta de empleo afecta al 18,4% de la población contemplando a los desocupados -10,4%- y a aquellos trabajadores dispuestos a trabajar más horas que buscan activamente otra ocupación (subocupados involuntarios). Por otra parte, el empleo no registrado desde la crisis de 2001 no logra romper la barrera del 30%. El último dato disponible arroja un 35,8% de no registro.
Ante esta situación, la reaparición de la discusión acerca de la Renta Básica o Ingreso Ciudadano como mecanismo permanente de alivio a la pobreza, es inevitable. Más aún con un 8% de indigencia que indica que casi 1 de cada 10 personas no cubre sus necesidades alimenticias.
Existen diversos esquemas de transferencias de ingresos mínimos implementados principalmente en países europeos y oceánicos. En general, la mayoría incluye como política central una estrecha vinculación con el Servicio Público de Empleo (SPE). Es en este aspecto que Argentina puede inspirarse.
Desde el año 2003, el SPE en Argentina ha extendido y fortalecido su presencia y estructura institucional. Actualmente, existen 630 oficinas de empleo en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS). Las funciones principales de este organismo, se encuadran en el Convenio sobre el Servicio del Empleo N° 88 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), ratificado por Argentina en 1956. Estas consisten, entre otras, en brindar orientación y formación profesional gratuitas, programas de empleo, asistencia a microemprendedores, apoyo y asesoramiento en lo que respecta a los procesos de búsqueda de empleo, y servicio de intermediación laboral.
Dado que en el país este organismo es aún joven -tiene apenas 17 años de existencia-, el camino recorrido por otros países puede ser un invaluable consejero para adaptar al contexto local ideas innovadoras que, tamizadas por los recursos disponibles, la cultura local y la voluntad política, permitan dar respuesta permanente a los actuales destinatarios del IFE.
En Francia y Alemania existen respectivamente la Renta de Solidaridad Activa “Le Revenu de Solidarité Active” (RSA) y el Beneficio de Desempleo II “Arbeitslosengeld II”. Estos Esquemas de Renta Básica no obligan, pero sí fuerzan a los beneficiarios a someterse a un acompañamiento intensivo por parte del SPE denominado Bundesagentur für Arbeit -BA- en Alemania y Pôle Emploi en Francia. Si bien se trata de prestaciones universales, exigen la presentación periódica de los beneficiarios en la oficina de empleo.
Para el caso local, el esfuerzo principal del Estado debe centrarse en generar productividad, promover la inversión y maximizar los bienes y servicios exportables; mejorar el sistema educativo y profesionalizar la fuerza de trabajo, todo lo cual redundará en más oportunidades para todos y la progresiva disminución de la pobreza de la mano del empleo. Esta reconversión de la matriz productiva llevará probablemente años y permitirá con el tiempo la generación de solvencia fiscal que permita implementar una Renta Básica de cobertura universal. En el mientras tanto, un paso intermedio puede darse aprovechando la institucionalidad estatal ya instalada del SPE ¿Cómo? Mediante la implementación de una transferencia de ingresos asimilable a un seguro de desempleo ampliado plausible ser percibido tanto por trabajadores informales como por desocupados que provienen de la informalidad.
5 elementos para la implementación de un seguro de desempleo de estas características pueden ser claves para robustecer el consenso en torno a la política:
• Montos acotados que se supone no desalienten la motivación del beneficiario de incorporarse a un empleo.
• Tratarse de un beneficio que se perciba siendo desempleado o informal y solo se suspende en caso que el trabajador esté registrado percibiendo un ingreso superior al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
• Ser un derecho. Se trataría de una prestación universal asimilable a la AUH, que se vuelve a adquirir en forma inmediata una vez que la persona pierde el trabajo.
• Implementarse en forma conjunta desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS)
• Ligar en forma obligatoria la percepción del beneficio a la presentación física en forma periódica en las oficinas de empleo.
Pasados veinte años del inicio del siglo veintiuno aún se dirimen en el escenario social debates acerca de la conveniencia de diversas políticas socioeconómicas que involucran desde enfoques liberales hasta mecanismos keynesianos. Sin embargo, no se cuestionan políticas que han marcado un punto de inflexión en la realidad del país como la AUH. En efecto, lo que no se cuestiona es la necesidad imperiosa de “idealmente” erradicar, “concretamente” disminuir la pobreza. En esta línea, la propuesta de fortalecer el Servicio Público de Empleo e implementar un seguro de desempleo ampliado permitiría dar respuesta a la pobreza.